Peter Kornbluh
The Nation
El sitio WikiLeaks publicó un
comunicado para anunciar que su fundador, Julian Assange, había contratado al
célebre magistrado internacional en derechos humanos, el juez español Baltasar
Garzón, para liderar su defensa contra la extradición a Suecia. Garzón, que
pasó más de un año, a fines de la década de 1990, intentando obtener la
extradición del general Augusto Pinochet de Inglaterra a España por delitos de
lesa humanidad, publicó un comunicado en el que calificó las acusaciones contra
Assange de supuesto abuso sexual como “arbitrarias y carentes de fundamentos”,
y declaró: “Hay una clara intencionalidad política detrás de este juicio, lo
cual explica su situación actual”. Garzón se reunió recientemente con Assange
en la Embajada de Ecuador en Londres, donde espera que el gobierno de Rafael
Correa se decida a darle asilo.
Precisamente, a fines de junio,
la cara visible de WikiLeaks ingresó en ese edificio diplomático buscando
refugio para evitar su extradición a Suecia, donde lo acusan por un supuesto abuso
sexual. Si el gobierno de Correa acepta su pedido -una cuestión que todavía no
se había decidido al cierre de esta edición-, Assange se convertirá en
residente de América Latina, donde el tesoro de cables del Departamento de
Estado estadounidense que él diseminó estratégicamente ha generado cientos de
titulares desde México hasta el Cono Sur.
El “Cablegate” -tal como fueron
denominadas las revelaciones- tuvo un grado de impacto diferente en cada nación
latinoamericana, en áreas como la política, los medios y el debate público
sobre la transparencia y la responsabilidad gubernamental. En dos países forzó
la partida del embajador estadounidense; en otro, ayudó a cambiar el curso de
una elección presidencial. En algunos países, los documentos revelaron el nivel
de la influencia norteamericana en los asuntos internos; en otros, detallaron
actividades criminales y corrupción en los países huéspedes. En muchas
naciones, los cables revelaron el desfile de la elite política, cultural y
hasta mediática que divulgó información -o chismes- a los funcionarios de la
Embajada norteamericana sin sospechar jamás que sus diálogos se volverían
titulares de los diarios.
Estados Unidos fue agasajado con
una lección de educación cívica en el arte de la delación. Y los ciudadanos
estadounidenses también observaron el abismo de nuestros lazos regionales y
bilaterales. Un año después, cuando las aguas del fenómeno WikiLeaks se han
aquietado en América Latina, parece adecuado evaluar -centrando la atención en
las experiencias de Brasil, México y Colombia- qué consecuencias dejó la mayor
filtración de documentos estadounidenses de la historia.
Efecto mariposa
Aunque al principio Assange
ofreció los cables a cuatro grandes agencias de noticias europeas, siempre
intentó distribuir los documentos más allá de los organismos de noticias del
norte. América Latina era la región perfecta para generar conmoción con los
cables. Históricamente, el “Coloso del norte” ha ejercido una imperiosa -si no
imperial-influencia económica, militar y política en su “patio trasero”. Ese
pasado intervencionista creó el deseo de obtener revelaciones sobre las
verdades ocultas de las políticas y las operaciones estadounidenses.
La década cubierta por la mayoría
de los cables, de 2000 a 2010, también abarcó grandes cambios en la región y en
la relación entre Estados Unidos y América Latina: el ascenso de Hugo Chávez en
Venezuela y el renacimiento de la izquierda populista; la llegada del Plan
Colombia; la emergencia de Brasil como potencia mundial; la disputada elección
de 2006 en México; la transferencia del poder de Fidel a Raúl Castro en Cuba; y
el golpe en Honduras, de junio de 2009. Además, un creciente número de naciones
aprobó leyes de libertad de expresión, reflejando el interés popular del acceso
a los documentos oficiales y el derecho a saber que Assange deseaba promover.
Como explicó en una entrevista con la revista Semana en Bogotá, WikiLeaks es
una “organización que se opone al abuso del secreto por parte de los
gobiernos”.
En noviembre de 2010, Assange
invitó a varios periodistas, como la brasileña Natalia Viana, para ir a Londres
y trabajar en un plan de diseminación regional. WikiLeaks seleccionó medios de
comunicación de casi todos los países latinoamericanos: La Jornada en México,
Página/12 en la Argentina, El Comercio y luego IDL-Reporteros en Perú, el
diario El Espectador y la revista Semana en Colombia, El Faro en El Salvador y
CIPER, el centro de periodismo de investigación de Internet en Chile, entre
otros.
Los periodistas de cada grupo mediático
fueron invitados a encuentros furtivos en Londres. En la sede de WikiLeaks, les
dieron un pendrive con archivos encriptados; cuando volvieron sanos y salvos a
sus países, recibieron un código para desencriptar la colección. “No lo podía
creer”, recuerda Santiago O’Donnell, editor de la sección de internacionales de
Página/12. “Eran 2.500 cables desde y para la Embajada de Estados Unidos en
Buenos Aires, todos organizados en una hoja de cálculo de Excel”.
De los 250 mil cables
diplomáticos que Bradley Manning, la fuente de WikiLeaks, descargó de la base
militar de Estados Unidos en Irak, unos 30.386 viajaron hacia o desde embajadas
y consulados en América Latina. Más de la mitad eran cables sin clasificar o de
“distribución limitada” y estaban relacionados con artículos de la prensa
local, debates públicos, el chusmerío de las funciones diplomáticas y la rutina
de los asuntos consulares. La mayoría de los cables, advierte Carlos Eduardo
Huertas, en su artículo sobre Colombia, “revelaba cómo el cuerpo diplomático
estadounidense lidiaba con las misiones oficiales”.
Pero casi 900 cables estaban
clasificados como “secretos”, y otros diez mil, como “confidenciales”. Muchos
de ellos revelaban políticas, operaciones, fuentes y evaluaciones que
encresparon, al menos temporalmente, las relaciones bilaterales de Estados
Unidos con varios países latinoamericanos.
En México, como informa Blanche
Petrich Moreno, la crítica del embajador estadounidense Carlos Pascual sobre la
falta de acción del ejército mexicano que contaba con inteligencia provista por
Estados Unidos para perseguir a los líderes del narcotráfico resultó
políticamente embarazosa para el presidente Felipe Calderón. Los artículos de
La Jornada sobre la crítica sin reservas del embajador generaron una ruptura de
las relaciones entre México y Estados Unidos. En marzo de 2011, Pascual se vio
forzado a renunciar.
En Ecuador, el presidente Correa
expulsó a la embajadora Heather Hodges luego de que la prensa informara sobre
un cable secreto que revocaba la visa estadounidense del ex jefe de la Policía
Nacional Aquilino Hurtado, quien “había usado su cargo… para extorsionar y
acumular dinero y propiedades, malversar fondos públicos, facilitar el tráfico
de personas y obstruir la investigación y el juicio de colegas corruptos”.
Algunos funcionarios de la embajada, según el cable, “creen que Correa era
consciente” de la corrupción de Hurtado, pero igualmente lo designó porque
quería un jefe de la Policía Nacional “a quien pudiera manipular fácilmente”.
A pesar del escándalo, cuando los
periodistas latinoamericanos examinaron los cables, descubrieron un cuadro más
matizado que el que esperaban sobre el papel de Estados Unidos en la región.
Por definición burocrática, los archivos del Departamento de Estado son los
documentos menos escandalosos de la política exterior estadounidense. El lado
oscuro de la política norteamericana se encuentra en otros sitios, como en los
archivos secretos de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, según sus
siglas en inglés), el Departamento de Defensa y la CIA.
Los documentos de la diplomacia
estadounidense revelaron que los funcionarios tenían instrucciones de asistir a
los “analistas de Washington” -aparentemente un eufemismo de la CIA- reuniendo
inteligencia sobre la Presidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, incluyendo
su “estado mental” y los tipos de medicación que tomaba para manejar “sus
nervios y su ansiedad”. Y había otras revelaciones insidiosas relacionadas con
el espionaje. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales expulsó a treinta
funcionarios de la DEA acusados de espionaje y luego la Embajada norteamericana
en Brasilia, informa Viana, presionó al ministro de Exterior brasileño para
transferirlos al país. En Venezuela, según Huertas, los funcionarios consulares
estadounidenses contrataron a una fuente clave para obtener inteligencia
económica sobre los programas de Chávez.
Pero los cables también ofrecían
información menos siniestra, y también menos útil. En Honduras, los envíos
secretos tras el golpe de Estado dejaron claro que Washington no fomentó el
derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, aunque luego los funcionarios
estadounidenses lo consintieron. “Las acciones tomadas para desplazar al
mandatario fueron claramente ilegales”, informó el embajador norteamericano
Hugo Llorens en un cable titulado “Cronología del golpe de Estado en Honduras”.
Desde La Habana, donde las
relaciones de Estados Unidos con el gobierno de Raúl Castro siguen siendo
hostiles, la Sección de Intereses norteamericanos envió frecuentemente cables
sobre el deseo de Cuba de expandir las áreas de diálogo y acercamiento. Un
cable de marzo de 2009 titulado “Mantén a tus amigos cerca, pero a Cuba aún
más” cita a un funcionario cubano que le dice a un par estadounidense que las
negociaciones “tenían que comenzar en algún lugar”. Luego le señalaron al
funcionario norteamericano que “el presidente cubano se ofreció a hablar con
Barack Obama en un lugar neutral”. La Bahía de Guantánamo, sugirió la parte
cubana, “es un buen sitio” para reunirse.
América Latina develada
De los cables de Cuba, se puede
determinar tanto el pensamiento del gobierno de Raúl Castro como, en igual
medida, la política estadounidense al respecto. Y eso puede aplicarse en
general a toda la región. En América Latina, donde la desclasificación de las
deliberaciones internas gubernamentales está severamente limitada, los cables
de WikiLeaks ofrecen información detallada sobre conversaciones oficiales,
reuniones, planes de seguridad nacional, políticas sociales, exteriores,
económicas y más.
Los lectores en la Argentina, por
ejemplo, pueden seguir el debate dentro de la administración de Cristina sobre
la despenalización del consumo de marihuana. Los hondureños pueden escuchar
cómo se complotaron los generales y políticos que derrocaron a Zelaya para
consolidar sus poderes tras el golpe. Los chilenos pueden entender mejor por
qué su gobierno altera los códigos de la construcción de plantas termonucleares
a instancias de las corporaciones extranjeras.
La habilidad de la Embajada
estadounidense para enviar extensos informes sobre el funcionamiento interno de
esos gobiernos está vinculada estrechamente con la calidad y las conexiones de
sus fuentes locales. En la región, los embajadores crearon un auténtico quién
es quién en la sociedad latinoamericana. Ministros, senadores, diputados,
curas, empresarios, jueces y hasta algunos periodistas compartieron información
sobre cuestiones de Estado en diálogos sin reservas con los embajadores
norteamericanos dentro de los seguros confines de los cuerpos diplomáticos.
Pero WikiLeaks expuso sus identidades y sus palabras.
En Brasil, los cables informaron
que el ministro de Defensa menospreciaba incansablemente al canciller como
antiestadounidense. En la Argentina, los cables revelaron que el ex jefe de
Gabinete Sergio Massa calificó al ex presidente Kirchner como “perverso”,
“cobarde” y “psicópata”. En Perú, los fujimoristas -aduladores políticos del
depuesto presidente Alberto Fujimori, incluyendo a su hija Keiko, quien estuvo
cerca de ganar la presidencia el año pasado- acudieron a la embajada para
compartir sus estrategias para hacerlo retornar al poder. Sus reveladoras
conversaciones, publicadas por el grupo de investigación peruano IDL-Reporteros
durante la campaña electoral de 2011, resquebrajaron las afirmaciones de independencia
con las que Keiko se diferenciaba de su padre caído en desgracia y ayudaron a
volcar la balanza a favor del candidato populista, el actual presidente Ollanta
Humala.
Pero esa noticia tal vez nunca
haya llegado al público peruano porque, inicialmente, WikiLeaks ofreció los
cables peruanos solamente al periódico El Comercio, de fuerte filiación con
Fujimori y cuyos editores se resistieron a publicar artículos que dañaran la
imagen de Keiko. La autocensura política se expandió por toda la región. El impacto
a largo plazo del “Cablegate” en América Latina, como señala el experimentado
periodista O’Donnell a The Nation, “es una pérdida de credibilidad para los
medios de noticias tradicionales y una creciente importancia de los medios
sociales, alternativos y ciudadanos, como lo refleja dramáticamente el fenómeno
WikiLeaks”.
Aun así, la información es poder.
Tal como reflejan los hechos del fenómeno WikiLeaks en Brasil, México y
Colombia, la publicación del intercambio de cables ha generado escándalos, estimulado
debates y expuesto la conducta (y a veces la mala conducta), las políticas y
las estructuras de poder de los gobiernos en toda América. Desde Estados Unidos
hasta la Argentina, las comunidades han logrado una mejor comprensión de las
acciones que toman nuestros gobiernos en nuestra representación, pero también
muy frecuentemente sin que lo sepamos. Lo que hagamos los ciudadanos del
hemisferio occidental con ese poder será el legado final de la experiencia de
WikiLeaks.
Traducción: Ignacio Mackinze
Tomado de:
http://www.revistadebate.com.ar//2012/08/03/5723.php
Fuente original: The Nation
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