José Javier Franco
La representación oficial
indígena venezolana padece de la misma enfermedad que acabó con el régimen
puntofijista adeco-copeyano en Venezuela: el centralismo oficinesco, la
politiquería acomodaticia y acrítica, que como se sabe se macera en la
indiferencia, el silencio, la complicidad y la apatía por los malestares
cotidianos de las comunidades.
El Ministerio de Asuntos Indígenas y,
principalmente, la ministra Nicia Maldonado, ha dado muestras de su indolencia
ante el sufrimiento indio, ya sea ante la desposesión de tierras, el acoso, la
persecución y el asesinato continuo de yukpas a manos de un sicariato pagado
por la terrofagia ganadera en la sierra de Perijá, con abierta complicidad de
la guardia nacional y el ejército; ya ante la piratería aurífera en los
territorios amazónicos, ya ante esta nueva masacre contra el pueblo yanomami.
80 yanomamis fueron asesinados en
la comunidad Irotaheri, en pleno Amazonas. Esta masacre no debe tomar a nadie
por sorpresa, y menos a la ministra Maldonado. La explotación ilegal de la
minería aurífera en la zona es un hecho público y notorio y lo único que esto
deja en evidencia es la desidia y la incapacidad con que se ha manejado el tema
indígena en Venezuela, tanto por parte del Ministerio directamente responsable,
como por las fuerzas armadas encargadas de velar por su seguridad y por la
soberanía nacional.
La presencia de garimpeiros y
piratas de la minería del oro en Amazonas la conocemos los venezolanos de toda
la vida; el mismo tiempo que tienen este tipo de crímenes contra la población
indígena yanomami. Conociéndose como se conoce esta problemática, es
inaceptable que el pueblo indígena yanomami se encuentre, tras 14 años de
revolución socialista, en el mismo abandono, bajo la misma política indolente,
que durante la larga plutocracia adeco-copeyana
Para más ignominia, la masacre se
cometió hace ya por lo menos un mes y el pueblo venezolano no había sido
informado hasta hoy. Esto pone en evidencia, una vez más, la desconexión de la
ministra Maldonado, y del gobierno nacional en general, con las comunidades
indígenas.
En letra muerta quedan los
derechos que se le consagran a los indios en la Constitución y las leyes, si no
se les puede garantizar la vida. De nada sirven las misiones, las políticas
sociales, la inclusión en los planes de desarrollo, si a nuestros indios los
siguen matando los blancos para robarle el oro, igual que en los tiempos de la
colonia. La revolución bolivariana y el gobierno todo, en su conjunto, no tiene
ninguna excusa moral, ética ni política para que esto siga ocurriendo en
territorio venezolano
Es urgente, como ya lo han
exigido algunos sectores, que el Ministerio Público realice las investigaciones
pertinentes, establezca las responsabilidades correspondientes y penalice a
quienes hayan cometido este crimen. Además, ello debe incluir también a
quienes, sin duda, tienen responsabilidades por omisión. Este crimen no debe
sumarse a la larga lista de crímenes impunes contra los pueblos indios.
Pero es igualmente urgente, poner
en práctica una política de fronteras, de resguardo del territorio, una
política de soberanía que garantice la seguridad de la República,
principalmente de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que en ella
habitamos.
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